MISILES
Juan Antonio Nemi Dib
Tengo en mi poder la grabación original. En ella, se consigna lo que la diputada declaró a los periodistas; esta es la parte medular: “La votación no se llevó a cabo el jueves sobre las armas nucleares que se le están dando al Ejército, se suspendió…el manejo de las armas nucleares, un decreto que se está viendo, y el jueves no pasó, se rompió el quórum, lo rompió el PRD. Por eso mismo se suspendió, es posible que no pase. Es un manejo para la seguridad nacional, porque como está la situación ya, cada día… pero a lo mejor no pasa, y la otra es la violencia”.
Cuando la corresponsal del noticiero radiofónico nos dio el anticipo de la nota pensé que se trataba de una malísima broma y recordé que México fue el activo promotor del Tratado de Tlatelolco, en el que se proscribe el uso de armas nucleares por los países de América Latina y, además, su artífice, don Alfonso García Robles, obtuvo el Premio Nóbel de la Paz, gracias a esta iniciativa que prestigió mucho a nuestro país en el concierto internacional.
Pero no, no era una broma.
Se trataba, en efecto, de las afirmaciones de una diputada federal que había confundido las armas nucleares con los precursores químicos y que interpretó como “las armas nucleares que se le están dando al Ejército” una nueva legislación que ella misma habría votado un par de días después: la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas. Obviamente, no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo.
Ciertamente el tema podría parecer complejo para un lego; se trata de controlar las substancias que, aparentemente inocuas y disponibles en casi en cualquier ferretería o depósito de materias activas, podrían usarse para fabricar armas químicas de gran potencial destructivo. La nomenclatura usada por los legisladores no es menos densa y enmarañada, incluyendo el chocante nombre que escogieron para quienes serán responsables de aplicar esta nueva ley: la flamante “Secretaría de la Autoridad Nacional”.
Y además de los apelativos, hay otros asuntos sumamente polémicos en el ordenamiento, como el hecho de que el control de esos insumos, necesarios para muchas cosas e indispensables para buena parte de la industria nacional, se asigna a la dependencia responsable de la seguridad nacional, el CISEN. De primera intención suena ilógico que una oficina dedicada al espionaje oficializado y que por la naturaleza de sus funciones debe trabajar con discreción, tenga que abrir una ventanilla al público para conceder o negar permisos de importación y uso de materiales químicos. Pero sus razones habrán tenido para disponerlo así los diputados, independientemente de que los representantes del PRD tuvieron las suyas, también, para votar contra algunos aspectos de la referida ley.
Es cierto que un diputado (a) no tiene que ser experto (a) en todos los temas; es verdad, también, que muchos de los tópicos que han de votarse en el legislativo son sumamente especializados y que, inevitablemente, los legisladores han de poner más énfasis en unos asuntos que en otros, pero confundir las armas nucleares con el control de sustancias químicas y afirmar, además, que se “se le están dando al ejército… por como está la situación”, habla –por lo menos— de una desinformación y, por ende, de una irresponsabilidad supinas.
Sorprende que este desliz no tuviera mayor repercusión, aunque se explica un poco por el hecho de que la declarante recién se estrenó en la función legislativa, substituyendo al titular de la curul que, acorde con la moda, pidió licencia para irse a chambear al Poder Ejecutivo; quizá, su noviciado le concede a la señora un cierto periodo de gracia para cometer errores de esos que se evitan fácilmente cuando uno no habla de lo que no sabe, práctica para la que se necesita mucha humildad.
Sin embargo, en el fondo del asunto, lo que realmente subyace es un gran desprecio por el trabajo parlamentario en general y, en particular, por los senadores y diputados mexicanos: casi todo lo que hagan o digan, independientemente del partido al que pertenezcan, será visto con recelo, con incredulidad y desconfianza y no pocas veces ignorado de plano; a los legisladores se les tiene por dormilones, inmorales, improductivos, escandalosos, rijosos, comprometidos con sus intereses personales y de partido y no con las necesidades de la nación; para el “imaginario colectivo” –chulo concepto— los legisladores son una carga más que un provecho para el país y hay quienes se preguntan si realmente son necesarios.
No hay duda de que parece un concepto ganado a pulso –la impertinente declaración de la diputada es un ejemplo claro que se suma a tomas de tribuna, a los escándalos, a los gastos excesivos y a la falta de acuerdos— pero también es cierto que en los últimos cuatro sexenios se ha desplegado desde la Presidencia de la República una clara estrategia, usada igualmente por presidentes priístas y panistas, para culpar al Congreso de la Unión, principalmente a los diputados, de todos los males que existen.
El mismo Felipe Calderón, que hizo la mayor parte de su carrera política como parlamentario y conoció muy de cerca esas agresiones, ahora mismo usa el rollo para responsabilizar a diputados y senadores y a sus partidos, por ejemplo, de que sólo se construya una refinería petrolera en lugar de cuatro, cuando hace apenas unas semanas les felicitaba por la aprobación a las reformas de PEMEX. Los medios de comunicación favorecen con mucho esta tendencia: es más fácil, cómodo y barato cuestionar a 628 legisladores que a un Presidente de la República.
Y nunca será ése un juicio justo: en todos los partidos hay legisladores honorables, que suelen votar por conciencia y no por consigna de las organizaciones a las que pertenecen, que se involucran a fondo en el estudio de las minutas legislativas y que sustentan sus opiniones –y sus votos— en argumentos técnicos antes que en ideologías; los hay, también, que trabajan intensamente, preparando iniciativas y puntos de acuerdo y analizando a fondo las de sus colegas, que anteponen el sentido de responsabilidad a la popularidad, lo que muchas veces les acarrea costos políticos; hay, en fin, legisladores mexicanos que asumen la representación de los intereses de personas y grupos vulnerables y que logran convertir en servicio a la función legislativa.
Lamentablemente no son mayoría, es cierto.
Afortunadamente, tampoco son mayoría quienes confunden los misiles nucleares con los toritos del cohetero; en una de esas, nos lanzaban a la tercera guerra mundial.
Juan Antonio Nemi Dib
Tengo en mi poder la grabación original. En ella, se consigna lo que la diputada declaró a los periodistas; esta es la parte medular: “La votación no se llevó a cabo el jueves sobre las armas nucleares que se le están dando al Ejército, se suspendió…el manejo de las armas nucleares, un decreto que se está viendo, y el jueves no pasó, se rompió el quórum, lo rompió el PRD. Por eso mismo se suspendió, es posible que no pase. Es un manejo para la seguridad nacional, porque como está la situación ya, cada día… pero a lo mejor no pasa, y la otra es la violencia”.
Cuando la corresponsal del noticiero radiofónico nos dio el anticipo de la nota pensé que se trataba de una malísima broma y recordé que México fue el activo promotor del Tratado de Tlatelolco, en el que se proscribe el uso de armas nucleares por los países de América Latina y, además, su artífice, don Alfonso García Robles, obtuvo el Premio Nóbel de la Paz, gracias a esta iniciativa que prestigió mucho a nuestro país en el concierto internacional.
Pero no, no era una broma.
Se trataba, en efecto, de las afirmaciones de una diputada federal que había confundido las armas nucleares con los precursores químicos y que interpretó como “las armas nucleares que se le están dando al Ejército” una nueva legislación que ella misma habría votado un par de días después: la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas. Obviamente, no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo.
Ciertamente el tema podría parecer complejo para un lego; se trata de controlar las substancias que, aparentemente inocuas y disponibles en casi en cualquier ferretería o depósito de materias activas, podrían usarse para fabricar armas químicas de gran potencial destructivo. La nomenclatura usada por los legisladores no es menos densa y enmarañada, incluyendo el chocante nombre que escogieron para quienes serán responsables de aplicar esta nueva ley: la flamante “Secretaría de la Autoridad Nacional”.
Y además de los apelativos, hay otros asuntos sumamente polémicos en el ordenamiento, como el hecho de que el control de esos insumos, necesarios para muchas cosas e indispensables para buena parte de la industria nacional, se asigna a la dependencia responsable de la seguridad nacional, el CISEN. De primera intención suena ilógico que una oficina dedicada al espionaje oficializado y que por la naturaleza de sus funciones debe trabajar con discreción, tenga que abrir una ventanilla al público para conceder o negar permisos de importación y uso de materiales químicos. Pero sus razones habrán tenido para disponerlo así los diputados, independientemente de que los representantes del PRD tuvieron las suyas, también, para votar contra algunos aspectos de la referida ley.
Es cierto que un diputado (a) no tiene que ser experto (a) en todos los temas; es verdad, también, que muchos de los tópicos que han de votarse en el legislativo son sumamente especializados y que, inevitablemente, los legisladores han de poner más énfasis en unos asuntos que en otros, pero confundir las armas nucleares con el control de sustancias químicas y afirmar, además, que se “se le están dando al ejército… por como está la situación”, habla –por lo menos— de una desinformación y, por ende, de una irresponsabilidad supinas.
Sorprende que este desliz no tuviera mayor repercusión, aunque se explica un poco por el hecho de que la declarante recién se estrenó en la función legislativa, substituyendo al titular de la curul que, acorde con la moda, pidió licencia para irse a chambear al Poder Ejecutivo; quizá, su noviciado le concede a la señora un cierto periodo de gracia para cometer errores de esos que se evitan fácilmente cuando uno no habla de lo que no sabe, práctica para la que se necesita mucha humildad.
Sin embargo, en el fondo del asunto, lo que realmente subyace es un gran desprecio por el trabajo parlamentario en general y, en particular, por los senadores y diputados mexicanos: casi todo lo que hagan o digan, independientemente del partido al que pertenezcan, será visto con recelo, con incredulidad y desconfianza y no pocas veces ignorado de plano; a los legisladores se les tiene por dormilones, inmorales, improductivos, escandalosos, rijosos, comprometidos con sus intereses personales y de partido y no con las necesidades de la nación; para el “imaginario colectivo” –chulo concepto— los legisladores son una carga más que un provecho para el país y hay quienes se preguntan si realmente son necesarios.
No hay duda de que parece un concepto ganado a pulso –la impertinente declaración de la diputada es un ejemplo claro que se suma a tomas de tribuna, a los escándalos, a los gastos excesivos y a la falta de acuerdos— pero también es cierto que en los últimos cuatro sexenios se ha desplegado desde la Presidencia de la República una clara estrategia, usada igualmente por presidentes priístas y panistas, para culpar al Congreso de la Unión, principalmente a los diputados, de todos los males que existen.
El mismo Felipe Calderón, que hizo la mayor parte de su carrera política como parlamentario y conoció muy de cerca esas agresiones, ahora mismo usa el rollo para responsabilizar a diputados y senadores y a sus partidos, por ejemplo, de que sólo se construya una refinería petrolera en lugar de cuatro, cuando hace apenas unas semanas les felicitaba por la aprobación a las reformas de PEMEX. Los medios de comunicación favorecen con mucho esta tendencia: es más fácil, cómodo y barato cuestionar a 628 legisladores que a un Presidente de la República.
Y nunca será ése un juicio justo: en todos los partidos hay legisladores honorables, que suelen votar por conciencia y no por consigna de las organizaciones a las que pertenecen, que se involucran a fondo en el estudio de las minutas legislativas y que sustentan sus opiniones –y sus votos— en argumentos técnicos antes que en ideologías; los hay, también, que trabajan intensamente, preparando iniciativas y puntos de acuerdo y analizando a fondo las de sus colegas, que anteponen el sentido de responsabilidad a la popularidad, lo que muchas veces les acarrea costos políticos; hay, en fin, legisladores mexicanos que asumen la representación de los intereses de personas y grupos vulnerables y que logran convertir en servicio a la función legislativa.
Lamentablemente no son mayoría, es cierto.
Afortunadamente, tampoco son mayoría quienes confunden los misiles nucleares con los toritos del cohetero; en una de esas, nos lanzaban a la tercera guerra mundial.
