José Reveles/ Zócalo
México D.F., 18 de mayo de 2009
El más grave de los peligros para un periodista no es que termine ejecutado por el narco o alguna corporación policial (como 45 comunicadores en ocho años de gobierno panista), ni ser desaparecido por la delincuencia organizada o grupos paramilitares fingiendo ser autoridad (otros ocho). Su riesgo mayor es ser inocuo, no transmitir nada que valga la pena. La celada en la que puede caer es ser ineficiente y no trascender más allá de lo boletinesco, y tampoco indagar lo que hay detrás de las verdades oficiales que se reproducen cual hiedra invasora y perversa para sofocar la realidad.
Para todo periodista, el verdadero enemigo es el mal periodismo. Su dilema no está en el “plata o plomo” (corrupción o ejecución), porque puede eludir esos peligros con armas de profesionalismo, con escudo de honestidad a toda prueba. Hay una condición adicional: que su compromiso esté conectado a las realidades sociales, a servir de hilo conductor de la ciudadanía y a difundir agravios colectivos o personales que los medios de comunicación masivos omiten. Sin estos atributos, el periodista está liquidado de antemano, así haya acumulado fortuna económica mediante esa bien cultivada anorexia comunicativa.
En esencia, esto fue lo que pretendí expresar cuando me preguntó la televisión sobre los riesgos del periodismo en el contexto de la Feria del Libro de Guadalajara, en diciembre pasado. Mientras una multitud discurría entre los estantes ubicados en miles de metros cuadrados de exposición, estaba yo entre dos acompañantes de lujo: Lydia Cacho (autora de Los demonios del Edén, Con mi hij@ no, Memorias de una infamia y Esta boca es mía, entre otros libros), y Juanita León, también autora de libros e integrante de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, de Colombia.
Recordé hace días esta definición teórica cuando apareció en los medios una tragedia informativa práctica. Era domingo para más señas. Todo mundo sabe que escasea la información los fines de semana. Se puso en escena al secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, diciendo a la prensa que disminuyó el número de ejecuciones en México.
En busca de las cifras comparativas que desmintieran tan aventurera declaración, pude constatar en Internet que había no menos de 200 referencias al informe de Rubido, en donde los medios, sin excepción, reproducían tal cual los datos que el funcionario, veterano espía al servicio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ahora funcionario del Partido Acción Nacional (PAN), dio a conocer sin permitir preguntas de la prensa presente.
Cualquiera sabe que los gobiernos, del signo que sean, aman verse en el espejo y son proclives a tratar de que los medios de comunicación comulguen con ruedas de molino diseñadas desde el poder para que, a su vez, la ciudadanía se afilie a una verdad única. En esta ocasión me temo que la autoridad logró su objetivo, pues no hubo una sola opinión disidente de semejante engendro estadístico presentado como gran logro en la “guerra” contra la criminalidad.
Las manipulaciones de Rubido
Estamos ante una mentira y un retroceso en materia de inseguridad presentada como triunfo del bien contra el mal. Pero a todo mundo le pasó de noche. Lo que en esencia afirmó Rubido (y dos semanas antes lo había expresado el procurador de la República, Eduardo Medina Mora) es que las ejecuciones en el país disminuyeron 26 por ciento en el primer trimestre de 2009, al pasar de 2 mil 644 a “solamente” mil 960.
El problema está en la manipulación del comparativo. No se refirió Rubido al primer trimestre de 2008, como corresponde a toda estadística que se respete, sino al cuarto (octubre, noviembre y diciembre), cuando se desbocó la violencia a límites jamás alcanzados en la historia, al grado de provocar que, desde el extranjero, se considerara a México un “Estado fallido”.
Basta hacer cuentas. Si la buena noticia es que “sólo” hubo mil 960 ejecuciones en un trimestre, habría que multiplicar por cuatro para llegar a la espantosa cifra de 7 mil 860 (2 mil 200 más crímenes que los cometidos en 2008).
Pero si nos remontamos años atrás, solamente al sexenio de Vicente Fox, la “victoria” cantada por el gobierno resulta más ostensiblemente tramposa: en sólo tres meses de 2009 hubo más homicidios atribuidos a la delincuencia organizada que en todo 2006 (unos mil 700), más del doble que en 2005 (mil 200) y tres veces más en el trimestre de 2009 que en todo 2004.
Hablar de ausencia de visión crítica de los periodistas y sus medios frente a la propaganda oficial disfrazada de información no pretende descalificar, sino estimular la capacidad de ir más allá de lo que nos recetan quienes detentan los poderes (políticos, religiosos, empresariales, sindicales, policiacos, judiciales, culturales y demás).
En contraparte, hay que admitir que cuesta mucho ejercer un periodismo libre, inteligente, autónomo, cuando se tiene enfrente a los propios empresarios de los medios y autoridades que pretenden uniformar tanto las versiones de la información como los análisis de la realidad.
Las cifras de la vergüenza
Agréguense a esta doble y triple jornada de los informadores otros peligros, cada vez más en boga en México pues, como dijo el Ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, “somos el país con mayor vulnerabilidad para el ejercicio periodístico”. Entre esos riesgos, cito:
1. La proliferación de denuncias civiles y penales en contra de medios y reporteros, que no es sino la manipulación abusiva de las leyes para exigir cantidades millonarias a gente de la profesión por supuestamente ofender el honor y la dignidad de políticos y hombres de dinero. En vez de cumplir con su función de informar, analizar y denunciar, los periodistas deben acudir
a juzgados.
2. Opinadores y columnistas de ciertos medios fueron más allá de aquella deplorable y denigrante frase de “Perro no come carne de perro” (para justificar la no intromisión de prensa, radio y televisión en asuntos de periodistas) y se atreven a llamar carroñeros a colegas de otros medios que hacen trabajo de investigación y denuncia. Quienes así opinan se convierten precisamente en eso, en carroñeros al servicio de personajes en el poder. No ocultan que su pluma sirve a una “institucionalidad” que suele ser generosa para sus amigos y cancerberos. Estos que descalifican a periodistas hace mucho que le pusieron tache a grupos sociales sospechosos de disidentes.
3. En nombre de la seguridad del secretario de Seguridad Pública se atropellan derechos de periodistas y camarógrafos que apenas intentaban documentar la construcción de una mansión en Jardines de la Montaña. Se amenaza también al medio (Reporte índigo) y a la reportera (Anabel Hernández) que pillaron con las manos en la masa a Genaro García Luna erigiendo una residencia en una zona exclusiva y con costos de construcción por encima del jugoso salario del funcionario.
4. Se equipara, agrupando a unos y otros en un mismo cajón, a periodistas incómodos y a defensores de derechos humanos, para criminalizarlos y perseguirlos. Y, cuando ya fueron víctimas de alguna agresión extrema, una gruesa capa de impunidad impide investigar cada caso.
Por eso en el primer trimestre de 2009 (y esta no es una información espuria o manipulada) se registraron 69 agresiones a periodistas en 20 de los 32 estados de la República, según reportaron Artículo XIX y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). Cada vez en más lugares y con mayor frecuencia e intensidad se perpetran crímenes, agresiones físicas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte y toda forma de censura contra los trabajadores de los medios de comunicación.
Lo más grave es que, en un contexto de violencia generalizada y creciente como el que vive México, los ataques de los que se hace objeto a los medios y a sus periodistas han perdido visibilidad y pasan inadvertidos, deplora el informe que sobre la situación de la libertad de expresión en el país presentaron una docena de organizaciones a la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la colombiana Catalina Botero, y al relator para la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, el guatemalteco Frank la Rué Lewy.
En años recientes, la inmensa mayoría de las agresiones contra periodistas goza de cabal impunidad. Esto ha llevado, en varias regiones del país, particularmente en el norte, “a un estado generalizado de autocensura”. No aparece para el gobierno, como prioridad, solucionar el tema de las agresiones a la prensa. Aquí hay lógica y tragedia: un régimen que criminaliza la protesta social no puede ver con buenos ojos a medios e informadores que dan voz a cualquier expresión crítica, ya no se diga opositora.
Como los salmones, habrá que persistir a contracorriente de la indiferencia oficial, de la ausencia de justicia, de los detractores que pululan entre presuntos colegas amantes del poder y del billete, de los amagos del crimen organizado y las múltiples policías, de la censura y la autocensura, de los políticos que quieren vasallos y no ciudadanos informados y críticos. Lo peor sería la total inacción y resignarse simplemente a decir: “Aquí nos tocó vivir.”
NOTA: José Reveles es Reportero de Asuntos Especiales del periódico El Financiero, autor del libro Las manos sucias del PAN, director fundador de la revista Filo Rojo, colaborador de Zócalo.
México D.F., 18 de mayo de 2009
El más grave de los peligros para un periodista no es que termine ejecutado por el narco o alguna corporación policial (como 45 comunicadores en ocho años de gobierno panista), ni ser desaparecido por la delincuencia organizada o grupos paramilitares fingiendo ser autoridad (otros ocho). Su riesgo mayor es ser inocuo, no transmitir nada que valga la pena. La celada en la que puede caer es ser ineficiente y no trascender más allá de lo boletinesco, y tampoco indagar lo que hay detrás de las verdades oficiales que se reproducen cual hiedra invasora y perversa para sofocar la realidad.
Para todo periodista, el verdadero enemigo es el mal periodismo. Su dilema no está en el “plata o plomo” (corrupción o ejecución), porque puede eludir esos peligros con armas de profesionalismo, con escudo de honestidad a toda prueba. Hay una condición adicional: que su compromiso esté conectado a las realidades sociales, a servir de hilo conductor de la ciudadanía y a difundir agravios colectivos o personales que los medios de comunicación masivos omiten. Sin estos atributos, el periodista está liquidado de antemano, así haya acumulado fortuna económica mediante esa bien cultivada anorexia comunicativa.
En esencia, esto fue lo que pretendí expresar cuando me preguntó la televisión sobre los riesgos del periodismo en el contexto de la Feria del Libro de Guadalajara, en diciembre pasado. Mientras una multitud discurría entre los estantes ubicados en miles de metros cuadrados de exposición, estaba yo entre dos acompañantes de lujo: Lydia Cacho (autora de Los demonios del Edén, Con mi hij@ no, Memorias de una infamia y Esta boca es mía, entre otros libros), y Juanita León, también autora de libros e integrante de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, de Colombia.
Recordé hace días esta definición teórica cuando apareció en los medios una tragedia informativa práctica. Era domingo para más señas. Todo mundo sabe que escasea la información los fines de semana. Se puso en escena al secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, diciendo a la prensa que disminuyó el número de ejecuciones en México.
En busca de las cifras comparativas que desmintieran tan aventurera declaración, pude constatar en Internet que había no menos de 200 referencias al informe de Rubido, en donde los medios, sin excepción, reproducían tal cual los datos que el funcionario, veterano espía al servicio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ahora funcionario del Partido Acción Nacional (PAN), dio a conocer sin permitir preguntas de la prensa presente.
Cualquiera sabe que los gobiernos, del signo que sean, aman verse en el espejo y son proclives a tratar de que los medios de comunicación comulguen con ruedas de molino diseñadas desde el poder para que, a su vez, la ciudadanía se afilie a una verdad única. En esta ocasión me temo que la autoridad logró su objetivo, pues no hubo una sola opinión disidente de semejante engendro estadístico presentado como gran logro en la “guerra” contra la criminalidad.
Las manipulaciones de Rubido
Estamos ante una mentira y un retroceso en materia de inseguridad presentada como triunfo del bien contra el mal. Pero a todo mundo le pasó de noche. Lo que en esencia afirmó Rubido (y dos semanas antes lo había expresado el procurador de la República, Eduardo Medina Mora) es que las ejecuciones en el país disminuyeron 26 por ciento en el primer trimestre de 2009, al pasar de 2 mil 644 a “solamente” mil 960.
El problema está en la manipulación del comparativo. No se refirió Rubido al primer trimestre de 2008, como corresponde a toda estadística que se respete, sino al cuarto (octubre, noviembre y diciembre), cuando se desbocó la violencia a límites jamás alcanzados en la historia, al grado de provocar que, desde el extranjero, se considerara a México un “Estado fallido”.
Basta hacer cuentas. Si la buena noticia es que “sólo” hubo mil 960 ejecuciones en un trimestre, habría que multiplicar por cuatro para llegar a la espantosa cifra de 7 mil 860 (2 mil 200 más crímenes que los cometidos en 2008).
Pero si nos remontamos años atrás, solamente al sexenio de Vicente Fox, la “victoria” cantada por el gobierno resulta más ostensiblemente tramposa: en sólo tres meses de 2009 hubo más homicidios atribuidos a la delincuencia organizada que en todo 2006 (unos mil 700), más del doble que en 2005 (mil 200) y tres veces más en el trimestre de 2009 que en todo 2004.
Hablar de ausencia de visión crítica de los periodistas y sus medios frente a la propaganda oficial disfrazada de información no pretende descalificar, sino estimular la capacidad de ir más allá de lo que nos recetan quienes detentan los poderes (políticos, religiosos, empresariales, sindicales, policiacos, judiciales, culturales y demás).
En contraparte, hay que admitir que cuesta mucho ejercer un periodismo libre, inteligente, autónomo, cuando se tiene enfrente a los propios empresarios de los medios y autoridades que pretenden uniformar tanto las versiones de la información como los análisis de la realidad.
Las cifras de la vergüenza
Agréguense a esta doble y triple jornada de los informadores otros peligros, cada vez más en boga en México pues, como dijo el Ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, “somos el país con mayor vulnerabilidad para el ejercicio periodístico”. Entre esos riesgos, cito:
1. La proliferación de denuncias civiles y penales en contra de medios y reporteros, que no es sino la manipulación abusiva de las leyes para exigir cantidades millonarias a gente de la profesión por supuestamente ofender el honor y la dignidad de políticos y hombres de dinero. En vez de cumplir con su función de informar, analizar y denunciar, los periodistas deben acudir
a juzgados.
2. Opinadores y columnistas de ciertos medios fueron más allá de aquella deplorable y denigrante frase de “Perro no come carne de perro” (para justificar la no intromisión de prensa, radio y televisión en asuntos de periodistas) y se atreven a llamar carroñeros a colegas de otros medios que hacen trabajo de investigación y denuncia. Quienes así opinan se convierten precisamente en eso, en carroñeros al servicio de personajes en el poder. No ocultan que su pluma sirve a una “institucionalidad” que suele ser generosa para sus amigos y cancerberos. Estos que descalifican a periodistas hace mucho que le pusieron tache a grupos sociales sospechosos de disidentes.
3. En nombre de la seguridad del secretario de Seguridad Pública se atropellan derechos de periodistas y camarógrafos que apenas intentaban documentar la construcción de una mansión en Jardines de la Montaña. Se amenaza también al medio (Reporte índigo) y a la reportera (Anabel Hernández) que pillaron con las manos en la masa a Genaro García Luna erigiendo una residencia en una zona exclusiva y con costos de construcción por encima del jugoso salario del funcionario.
4. Se equipara, agrupando a unos y otros en un mismo cajón, a periodistas incómodos y a defensores de derechos humanos, para criminalizarlos y perseguirlos. Y, cuando ya fueron víctimas de alguna agresión extrema, una gruesa capa de impunidad impide investigar cada caso.
Por eso en el primer trimestre de 2009 (y esta no es una información espuria o manipulada) se registraron 69 agresiones a periodistas en 20 de los 32 estados de la República, según reportaron Artículo XIX y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). Cada vez en más lugares y con mayor frecuencia e intensidad se perpetran crímenes, agresiones físicas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte y toda forma de censura contra los trabajadores de los medios de comunicación.
Lo más grave es que, en un contexto de violencia generalizada y creciente como el que vive México, los ataques de los que se hace objeto a los medios y a sus periodistas han perdido visibilidad y pasan inadvertidos, deplora el informe que sobre la situación de la libertad de expresión en el país presentaron una docena de organizaciones a la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la colombiana Catalina Botero, y al relator para la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, el guatemalteco Frank la Rué Lewy.
En años recientes, la inmensa mayoría de las agresiones contra periodistas goza de cabal impunidad. Esto ha llevado, en varias regiones del país, particularmente en el norte, “a un estado generalizado de autocensura”. No aparece para el gobierno, como prioridad, solucionar el tema de las agresiones a la prensa. Aquí hay lógica y tragedia: un régimen que criminaliza la protesta social no puede ver con buenos ojos a medios e informadores que dan voz a cualquier expresión crítica, ya no se diga opositora.
Como los salmones, habrá que persistir a contracorriente de la indiferencia oficial, de la ausencia de justicia, de los detractores que pululan entre presuntos colegas amantes del poder y del billete, de los amagos del crimen organizado y las múltiples policías, de la censura y la autocensura, de los políticos que quieren vasallos y no ciudadanos informados y críticos. Lo peor sería la total inacción y resignarse simplemente a decir: “Aquí nos tocó vivir.”
NOTA: José Reveles es Reportero de Asuntos Especiales del periódico El Financiero, autor del libro Las manos sucias del PAN, director fundador de la revista Filo Rojo, colaborador de Zócalo.
