El Dianche: Revolución perdida

Guillermo Manzano

En vísperas del primer centenario de la primera revolución del Siglo XX occidental, vale la pena reflexionar sobre el hecho. Fuera de academicismos cargados de ideologías, de debates en coloquios infértiles o de la historia oficial, los ciudadanos nos debemos preguntar si, el principal motivo del Plan de San Luis se ha cumplido: sufragio efectivo, no reelección. Es decir, si las condiciones políticas han cambiando en el país en estos últimos 99 años.
Hasta el momento sigue la discusión sobre la conclusión de la Revolución Mexicana. ¿1911, 1917 o hasta el cardenismo, 1940? Independientemente de esto, lo cierto es que, durante el siglo pasado los mexicanos concurrimos a elecciones constitucionales cada seis años. ¿Por eso hubo democracia? ¿Se respetó el sufragio? No creo, y sólo lo digo como un acto de fe porque carezco de los elementos y pruebas necesarias para afirmar que el sufragio, el voto, no fue respetado. Debe recordarse que Porfirio Díaz también convocaba a elecciones cada cuatro años, y hasta la fecha se le sigue acusando de ‘dictador’. ¿El PNR-PRM-PRI ejerció una dictadura? De cualquier forma el grupo construido en la década del 20 mantuvo su hegemonía política y la Presidencia de la República hasta el año dos mil.
Pero este hecho (que el PRI haya perdido la Presidencia de la República) no significó que realmente el sufragio fuese efectivo. Seis años después, se presentaron las elecciones presidenciales más competidas y esto tampoco significó que el sufragio fuese efectivo.
Si caemos en el simplismo de que un voto contado es sinónimo de válido, de positivo; pues hasta en el priismo más primitivo se hacía efectivo el sufragio. Pero para que un voto tenga este valor (efectivo) debe ser un voto razonado, meditado, con conocimiento de causa y, estas razones no se dieron en los procesos del año dos mil ni en el de 2006.
Y no podemos pedir a los electores que razonen, mediten o analicen su voto cuando la mayoría de la población está preocupada por resolver problemas prácticos de sobrevivencia. Conseguir trabajo o mantenerlo, ‘estirar’ el dinero para que alcance toda la quincena, pagar luz, agua, renta etcétera es más importante en la vida de casi todos los mexicanos, que leer, escuchar o reflexionar colectivamente las propuestas y trayectorias de los candidatos.
También existe una franja poblacional importante que subsiste en la extrema pobreza, lo que los convierte en monedas de cambio para líderes inescrupulosos que condicionan los apoyos asistenciales a cambio del voto. ¿Cómo sostener que estos sufragios son ‘efectivos’?
Pero si Francisco I. Madero y quienes lo secundaron, tuvieron la hipótesis de que una vez que haya ‘democracia’ en México, el resto de los problemas que aquejaban al país en 1910 se resolverían, pues podemos decir que se equivocaron. Hoy, persisten los cacicazgos regionales (dixti gobernadores y capos del narco), desigualdad social y económica (cfr. los ingresos de Carlos Slim, con los 54 pesos de salario mínimo que perciben millones de mexicanos) y una dependencia mayor que hace 99 años de los capitales extranjeros. ¿Valió la pena la muerte de todos esos hombres y mujeres?, ¿dónde se perdió la Revolución? y ¿realmente hubo una? Estas y más preguntas quizá la respondan todos los intelectuales, académicos y políticos que participaran en los festejos el próximo año, año del centenario de la Revolución y del bicentenario de la Independencia.

Chuecos e inhumanos

Cosas Pequeñas
Juan Antonio Nemi Dib

No soy licenciado en derecho y carezco de formación jurídica; reconozco que ello me ha significado una limitación en mi vida profesional. Aunque tengo la gran fortuna de contar con el consejo y el apoyo de juristas brillantes y honorables –rara avis—, lo cierto es que tratándose de asuntos legales, soy dependiente y desinformado o, como dice la Academia: un lego, un falto de letras. Sin embargo, con todas las enormes desventajas que ello implica (no podría aspirar a una de las nuevas notarías públicas que ahora se prodigan, por ejemplo), encuentro un beneficio en mi ignorancia de la ciencia forense: opino sandeces y simplezas obteniendo a cambio tolerancia y no más que pequeños reproches, mediante el subterfugio de no ser experto en los temas judiciales que neciamente abordo.
Y si ha decidido continuar con la lectura de estas parrafadas, amable lector (a), tiene ya la advertencia de que me referiré intuitivamente y como el mismo burro que tocó la flauta a un tema que por su complejidad suele reservarse al intelecto de jurisperitos y especialistas de nutrido seso y mayor entrenamiento, en razón de lo cual es posible que no consiga sino quitarle a usted su tiempo y sacar, de nuevo, el cobre a relucir.
Ocurre que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene nuevo presidente. Luego de dos rondas de votación, Emilio Álvarez Icaza Longoria, que alcanzó 32 votos, y Luis Raúl González Pérez, apoyado por dos senadores, perdieron la elección en la fase final. El Senado de la República eligió por mayoría de 78 votos del PAN y del PRI a Raúl Plascencia Villanueva para substituir en el encargo a José Luis Soberanes Fernández.
Desde el punto de vista curricular, el perfil del estrenado ombudsman es impecable: egresado de una universidad de provincia con mención honorífica, especialista y maestro en derecho, doctorado por la UNAM, más de 20 años de docencia en licenciatura y postgrado, miembro de organizaciones internacionales de prestigio, autor de libros muy especializados y, por si fuera poco, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia Universidad Nacional.
Sin embargo, su elección generó debate y críticas no sólo de quienes compitieron contra él –38 originalmente— sino de organizaciones vinculadas al tema y de algunos medios de comunicación. El eje del cuestionamiento es esencialmente la posibilidad de que la elección de Plascencia Villanueva fuera el resultado de un cabildeo personal del presidente saliente –Soberanes Fernández— y por ende, la instauración de un cacicazgo del mismo equipo que se prolongaría en el tiempo o, al menos, una suerte de presidencia hereditaria de la CNDH.
A la Comisión Nacional se le reprochan los salarios de algunos de sus funcionarios, que se consideran excesivos, cierto nivel de opacidad en la administración de sus recursos presupuestales y, en menor medida, algunas líneas de interpretación legal que desembocan en resoluciones que no satisfacen. Plascencia Villanueva ha sido un colaborador cercanísimo de Soberanes desde hace muchos años; además de que ha trabajado para la CNDH desde 1999, como Segundo Visitador, a partir de enero de 2005 fue designado Primer Visitador General y sólo se separó del encargo para competir por la Presidencia que ha obtenido ahora de los senadores.
Analistas se preguntan si Plascencia Villanueva tendrá arrestos para cambiar las prácticas cuestionadas, para renovar al funcionariado de la Comisión, para transparentar la operación del órgano de los derechos humanos, para introducir enfoques diferentes en la interpretación de los principios jurídicos o, por el contrario, será un mero ejercicio de continuidad y “comPlascencia”. Él mismo, al rendir protesta, asumió la controversia: "Les quiero dejar bien claro que yo no significo la continuidad ni el continuismo a absolutamente nada. Represento el producto de las instituciones públicas de este país”.
Por lo que toca a los dineros públicos expresó: "En cuanto al presupuesto buscaré que haya una transparencia total, absoluta, hoy por hoy, el presupuesto que se destina por mexicano en nuestro país en la defensa de derechos humanos equivale a ocho pesos por cada mexicano. Tenemos un rezago profundo en conocimiento de los derechos humanos pero también en la defensa de estos. Buscaré hacer lo más posible con este presupuesto, pero también una transparencia total, absoluta".
Yo pienso que el debate es de mucho más fondo y tiene que ver no sólo con quién ocupe la presidencia de la CNDH sino con todo el sistema creado con la reforma constitucional de 1992 que permitió refundar a la Comisión en calidad de organismo descentralizado, con patrimonio propio y dio pie a la creación de las comisiones estatales. No puedo negar algunos avances en la protección de las garantías básicas de los mexicanos, hacerlo sería injusto y ajeno a la realidad, pero por otro lado he visto casos en los que el principio de justicia se subordina a las necesidades políticas y las resoluciones de los órganos –el nacional y los locales de la materia— de derechos humanos tienen que ver más con lo “adecuado y posible” que con lo justo y necesario.
¿Se cumplen las resoluciones en materia de derechos humanos?, ¿realmente han contribuido estas instituciones, en la Federación y en los estados, a disminuir las prácticas vejatorias y los abusos contra los mexicanos? Sé y me consta de casos recientes, vergonzosos, ofensivos, en los niveles estatales, de absoluta subordinación al gobierno en turno por parte de la entidad responsable de velar por la protección de los derechos humanos. ¿Se puede entonces confiar en estas instituciones y en sus titulares, que aceptan recibir órdenes contrarias a la justicia y la ética, al tenor de una intriga o una “necesidad política” que ni siquiera es cierta?, ¿son honorables y congruentes sus titulares?, ¿vale la pena gastar dinero público en ello y en ellos?
Mi ignorancia me lleva a hacerme otras preguntas: si el sistema de protección de derechos humanos funciona con apego a la justicia y buscando proteger a los débiles frente a los abusos, ¿por qué no convertir a las “recomendaciones” en resoluciones obligatorias y vinculantes?, ¿por qué no constituir un mecanismo que le dé al sistema un rango jurisdiccional. ¿Qué ocurre cuando las violaciones a los derechos humanos provienen de un particular y no de un acto de autoridad? En alguna ocasión, necesariamente, el defensor de los derechos humanos errará en sus resoluciones, afectando a personas inocentes, ¿qué recurso existe para enfrentar una conclusión infundada o injusta, en materia de derechos humanos?
¿Vivimos realmente en un régimen de derechos humanos o de chuecos e inhumanos?

antonionemi@gmail.com

El relevo generacional

VISIONARIOS
JULIÁN SANTOS TORROELLA (*)

De acuerdo con los expertos, el relevo generacional en los ámbitos de toma de decisiones, es el principal reto que enfrenta la sociedad mexicana para consolidar el progreso y la democracia. Formas innovadoras de hacer política, que permitan construir una moderna cultura democrática a la altura de las necesidades de hoy en día. Propósito que se antoja difícil si en los espacios de poder y opinión las nuevas generaciones se mantienen al margen. En este sentido, la promoción y el fortalecimiento de nuevos liderazgos es una tarea prioritaria para incidir favorablemente en el desarrollo de la sociedad, a partir de modernas y diversas visiones que mezclen estudios avanzados, conocimiento del mundo exterior y buenas prácticas, con ideas nuevas y posibilidades reales de renovar y mejorar la calidad de la política.
Titubear en la asignación de espacios y responsabilidades a nuevos y jóvenes actores, se corre el riesgo de excluirlos en la definición de proyectos, así como cuestionar su capacidad y trabajo, significa seguir postergando el progreso y el cambio democrático en el país. Desde un enfoque progresista, la clave no está sólo en la apertura de espacios a las nuevas generaciones; también está en la calidad y el tipo de liderazgo que se ejerza. De ahí la importancia de vestir los liderazgos con principios y propuestas que mantengan como metas el progreso, la democracia y la justicia social, en un marco global viendo hacia el futuro, y no el pasado como principal referente de acción.
Los liderazgos progresistas se caracterizan por su actuar horizontal y humanitario; por su perspectiva internacionalista e integral; y por su visión más allá de los partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales e instituciones académicas; es decir, la revalorización de lo público como un espacio de construcción de ciudadanía y equidad social; la promoción de un Estado social basado en el universalismo de los derechos sociales; la modernización de organizaciones y sindicatos, como actores globales en la promoción del desarrollo.
La formación política y social de nuevos liderazgos democráticos y progresistas, es justamente uno de los ejes de trabajo de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en México. Creada en Alemania en 1925, esta fundación política socialdemócrata dedicó sus primeros esfuerzos a la formación de hombres y mujeres, y al apoyo a jóvenes trabajadores en su acceso a la educación para construir y fortalecer la democracia en ese país. Para Friedrich Ebert, primer presidente alemán elegido democráticamente, la premisa era muy clara: no puede haber democracia sin demócratas; por ende, la apuesta a la educación y a la capacitación de cuadros jóvenes es acertada y redituable en la construcción de sociedades democráticas.
Hoy la misión de la FES se ha extendido y adaptado por todo el mundo. Con representación en más de 100 países, su trabajo internacional está encaminado a la configuración de una globalización justa e incluyente. En México, también se trabaja para fortalecer las instituciones democráticas que permitan lograr una mejor distribución de la riqueza y el poder. Esta noble tarea ha estado sustentada, entre otros instrumentos, por un Programa de Liderazgos Progresistas, a través del cual se busca mejorar las capacidades de actores sociopolíticos jóvenes y profundizar la democracia social desde un enfoque plural, transversal y moderno de la centro-izquierda. Los avances y buenos resultados en este cometido serían infructuosos si éstos no inciden en los ámbitos de acción política y opinión pública. Ahí es donde se deben sumar esfuerzos y reafirmar compromisos.
A pesar de las justificadas resistencias al cambio, en el nuevo siglo se abren espacios a nuevos y jóvenes liderazgos. Por ejemplo, a pesar del estigma de ser una organización de dinosaurios, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a 79 años de su fundación, hoy gobierna entidades federativas con políticos jóvenes. A la callada, el viejo partido tricolor inició la renovación de sus cuadros y ha enviado a las competencias electorales a talentosos jóvenes, que dicho sea de paso, han dado mejor resultado en las votaciones que sus políticos tradicionales. La dirigente nacional Beatriz Paredes, calificó a la nueva generación de gobernadores de ese instituto político como parte del PRI del siglo XXI y del relevo generacional que se vive:
1.- Ivonne Ortega Pacheco, con 33 años de edad, logró en 2007 arrebatar al PAN la gubernatura de Yucatán, estado considerado emblemático para el panismo. Ortega Pacheco es la gobernadora más joven del país y su triunfo significó para el PRI una oxigenación tras la debacle electoral de 2006, que ubicó a ese partido como la tercera fuerza de México.
2.-Félix González Canto, de 36 años, logró la candidatura al gobierno de Quintana Roo en un proceso interno cuestionado y que provocó la renuncia a ese partido de la entonces senadora Ady Joaquín Coldwell, quien finalmente fue postulada por el PAN. En una elección constitucional competida, González Canto obtuvo en 2005 el triunfo. 3.-En medio del escándalo por las denuncias contra su antecesor, Enrique Peña Nieto ganó a los 39 años la nominación de su partido y después la gubernatura del Estado de México, para el periodo 2005-2011, con un amplio margen en la entidad con el mayor padrón electoral del país. Hoy es el precandidato mejor posicionado para la elección presidencial de 2012.
4.-El gobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, de 40 años de edad, fue electo el 5 de mayo de 2005 para terminar el periodo constitucional 2003-2009 que previamente había ganado Gustavo Vázquez Montes, quien falleció en un accidente aéreo.
5.-Humberto Moreira Valdés, gobernador de Coahuila para el periodo 2005-2011, actualmente tiene 41 años de edad. El Ejecutivo estatal obtuvo la candidatura del PRI a los y venció en la elección al panista Jorge Zermeño Infante.
6.-Sin incidentes mayores en 2003 Ismael Hernández Deras logró, a la edad de 38 años, la candidatura del PRI al gobierno de Durango. Hernández Deras, es de los políticos más cercanos a la dirigencia nacional del PRI.
7.-A los 39 años, Miguel Ángel Osorio Chong fue postulado como candidato del PRI al gobierno de Hidalgo y triunfó. Tiene buena aceptación entre la ciudadanía, que se evidenció en los pasados comicios intermedios del estado.
8.-Ney González Sánchez a los 39 años obtuvo la candidatura del PRI al gobierno de Nayarit. Ganó la elección constitucional para el periodo 2005-2011.
9.-El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, ganó la elección a los 42, para lo cual tuvo que vencer a la alianza de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Reyes Baeza enfrenta una dura batalla contra el narcotráfico en la entidad, que se ha caracterizado por la presencia de cárteles del crimen organizado y que se manifiestan en enfrentamientos entre grupos de sicarios y ejecuciones.
10.-El tamaulipeco Eugenio Hernández Flores es también de la nueva generación de políticos del PRI. A la edad de 44 años ganó la elección para el periodo 2005-2011. Hernández Flores, es de los gobernadores del PRI que mejores cuentas ha entregado a su partido al obtener carro completo en la pasada elección donde se renovó el Congreso local.
11.-El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, de 39 años, en 2006 enfrentó una fuerte crisis por las movilizaciones y bloqueos de profesores en Oaxaca que pedían su renuncia al cargo.
12.-El reciente gobernador de Nuevo León, de 37 años, Rodrigo Medina de la Cruz, en una competida elección derrotó a un extraordinario y experimentado candidato del PAN.
En la misma métrica, para 2010-2012 se perfilan, entre otros, jóvenes funcionarios y Diputados Federales de gran calado, como visibles candidatos a las gubernaturas de sus respectivos estados:
• Roberto Borge Angulo ( 30 años ), Quintana Roo.
• Armando Ríos Piter ( 36 años ), Guerrero.
• Javier Duarte de Ochoa ( 36 años ), Veracruz.
• Manuel Muñoz Cano ( 39 años) Tamaulipas.
• Luis Videgaray Caso ( 41 años ) Estado de México
Para muestra, un botón: la historia de México guarda con distinción estampas del General Lázaro Cárdenas del Río, destacado militar, político y estadista, que a los 33 años fue gobernador de Michoacán y a los 39 años, Presidente de la República.
Como dice el también joven presidente Obama: Si se puede.

(*) Julián Santos Torroella es investigador de la UNAM y analista político. santostorroella@yahoo.com.mx

Los muertos de Calderón

El Dianche
Guillermo Manzano

El gobierno de Felipe Calderón es un gobierno genocida. Peor que el de Gustavo Díaz Ordaz en 1968. Mucho peor que el de Luis Echeverría con su guerra sucia contra la guerrilla de izquierda hace treintaytantos años. Este gobierno panista ha condenado a millones de mexicanos a vivir sin futuro, sin expectativas, sin ilusiones; es peor que una condena a muerte, es genocidio paulatino, lento, seguro, por partes, minuto a minuto…
Este año celebraremos a los muertos del desempleo: burócratas de tres secretarías de Estado que desaparecen por decreto. Más de 60 mil trabajadores (con sus respectivas familias) del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por supuesto, también los 800 mil compatriotas que perdieron su empleo este año (según datos de la Coparmex) y por qué no, también celebremos a los millones de jóvenes profesionales que siguen en espera de la llamada telefónica para contratarse; tras haber dejado las suelas de varios pares de zapatos en un recorrido sinfín en busca del anhelo por obtener trabajo. Ellos son nuestros fieles difuntos de hoy. Estos son los muertos de Calderón.
Este año nuestras catrinas son las mujeres famélicas que viven en los cientos de cinturones de miseria que ciñen las ciudades. Las mujeres del campo que tratan a toda costa de sacar algo de la esterilidad de la tierra, porque sus hombres se fueron ‘al otro lado’ en busca de una vida mejor. También las catrinas son nuestras muertas por violencia. Violencia generada por la frustración, por la carencia de oportunidades, por ignorancia, por drogas, por todos los males que la ‘cultura del capital’, hoy llamado neoliberalismo, deja en cada una de las personas que toca. Nuestras catrinas son las adolecentes que no podrán tener su ‘fiesta de 15 años’, porque papá se quedo sin trabajo. Nuestras quinceañeras que no podrán viajar, porque el dólar subió su precio. Nuestras adolescentes que ya no podrán seguir estudiando, porque no hay dinero para la escuela (aunque en este país se dice que la educación es gratuita y obligatoria). Esas son nuestras catrinas. Estas son las muertas de Calderón.
Nuestros difuntos son fieles. Ellos no mienten, pero tampoco callan. Por eso nuestros difuntos son los miles y miles de muertos por no tener acceso a los sistemas de salud. Nuestros difuntos son los derechohabientes del IMSS e ISSSTE que murieron en espera ‘del pase’ con el especialista, aunque la muerte llegó antes y la trabajadora social ni cuenta se dio. Nuestros difuntos son fieles, porque jamás dejaron de ir a cobrar su paupérrima pensión, la que por cierto, no alcanzó para comprar un ataúd de pino. Nuestros difuntos son fieles, por eso esperan ‘las últimas investigaciones’ que determinen si la bala que los mató provino del narco o de la Policía Federal. Estos también son los muertos de Calderón.
El gobierno de Felipe Calderón es un gobierno genocida. Ha matado la esperanza. Pero hay un detalle que Calderón olvida: en noviembre, todos los muertos regresan y estos, estos también son los muertos de Calderón.

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