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sábado, 14 de mayo de 2022

Transporte público, columna vertebral de la movilidad porque mueve al 80% de la población mexicana: Sedatu

  • Roxana Montealegre, directora de Movilidad dijo que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es un paraguas con el que tenemos que cobijarnos todos y caminar en el sentido como la propia ley lo establece

opciondeveracruz.com 

Playas de Rosarito, BC.- Tras sostener que “el transporte público es la columna vertebral de la movilidad porque 80% de la población mexicana nos movemos en este sistema”, Roxana Montealegre Salvador dijo, en su calidad de directora de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que este servicio debe elevar su calidad, su seguridad, ser más amigable con el medio ambiente, pero también requiere de una inversión desde muchos frentes”, sobre todo ahora con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial “para ser atendido por los tres órdenes de gobierno”.

Para lograrlo, expresó la también diputada federal con licencia por el estado de Hidalgo, tienen un gran reto por ser precisamente la pieza angular del transporte de las personas. Por esto, una vez se publique la norma general se creará el Sistema Nacional de Movilidad, al que se integrarán todos los estados con un representante, la federación con la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Sedatu, junto con los municipios.

“Tendremos que esbozar una estrategia nacional que nos permita tomar decisiones a partir de estudios, de información, de datos duros que el propio Sistema de Información Territorial y Urbano, que la ley establece como una obligatoriedad, nos proporcione, y que nos permita ir a la toma de decisiones en donde el transporte público tendrá que ser atendido con una visión de justicia social”, consideró la funcionaria federal durante el Primer Foro Nacional de Movilidad que se realizó en esta ciudad de Baja California, en coordinación entre el ayuntamiento presidido por la presidenta municipal de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, y el Movimiento Nacional Transportista (MNT).

Luego de señalar que estamos en la antesala de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, durante el #PrimerForoNacionaldeMovilidad organizado por el Movimiento Nacional Transportista, explicó también que los retos ahora son grandes y diversos porque la movilidad es ante todo un sistema que debe ser atendido de tal manera. “No podemos hablar solo de bicis o del peatón o del transporte público sin interactuar todos los que somos parte del sistema”, abundó.

Entonces, expresó, el reto en primer lugar es entenderlo como sistema y el segundo es entender las partes del sistema y cómo deben coexistir para, de verdad, lograr que la movilidad mejore y garantice otros derechos humanos porque ahí afuera hay calles, señalización, políticas públicas que deben existir, vialidades, es decir, todo un sistema.

También dijo que el tema de la tarifa tendrá que ser atendida como uno de los elementos del subsistema del transporte público, ya que este tiene muchas variables como son los temas del parque vehicular y la tarifa, sin duda, es un elemento principal donde debemos pensar también en la modernización de la operación del sistema.

El Movimiento Nacional Transportista (MNT) realizó la propuesta de que, para despolitizar la fijación de las tarifas con el objetivo de que la gente no le cobre en las urnas a los gobernantes el incremento de las tarifas, éstas deberían ser estudiadas y decididas por una comisión interinstitucional, a lo que Roxana Montealegre respondió:

“Debemos asegurarnos de cómo hacemos para que el sistema hombre-camión se transforme. Por ejemplo, las personas que todos los días se levantan y se esfuerzan, no con la concesión, pero si con la responsabilidad de brindar el servicio, sin un salario, cómo darles mejores condiciones”.

Son muchos elementos por analizar y el de la tarifa, en la medida como se logre evolucionar a una ruta empresa, nos va a permitir tener mejores condiciones laborales para el propio operador y para ello también se requieren mejores mecanismos de recaudación en cuanto a la propia tarifa, añadió al finalizar su presentación en el Primer Foro de Movilidad que se realizó con el auspicio también del Ayuntamiento de Playas de Rosarito que preside Araceli Brown Figueredo.

Eso se logra con tener una tecnología que permita tener acceso al pago de la tarifa por parte de la población, incluso se podría tener un subsidio para la gente que más lo necesita, estudiantes, por ejemplo, que puedan tener un apoyo para su traslado.

El tema de la tarifa no se puede ver sólo con el cobro que se le hace al usuario, sino con todos estos elementos de modernización que permiten hacer más eficiente el transporte, mejorar las condiciones laborales de quien lo opera y mejorar el servicio, que eso debe ser primordial para el bienestar del usuario.

Finalmente, Roxana Montealegre apuntó que el transporte público y la movilidad son un derecho humano, donde ya todos estamos atendiéndolo desde diferentes frentes y, lo más importantes es que ahora con Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, tenemos un paraguas con el que tenemos que cobijarnos todos y caminar en el sentido como la propia ley lo establece y no como ha ocurrido que cada ciudad, cada estado lo hace desde una forma y hay estados que lo han hecho muy bien y hay quienes lo han hecho de otra forma.

lunes, 28 de febrero de 2022

MNT pide a la Jefa de Gobierno apoyos para rescatar al transporte público concesionado de la crisis en que se encuentra

  • Rezago tarifario de 15 años y pandemia los tienen al borde de la inanición al colectivo, mientras a taxistas, se le agrega el problema con aplicaciones extranjeras
  • Hoy trabajan 60 mil taxis de 140 mil que eran antes de la pandemia; en el colectivo de 18 mil dejaron de laborar alrededor de 7 mil, dijo Ignacio Rodríguez Mejía

opciondeveracruz.com

Ciudad de México.- El Movimiento Nacional Transportista (anteriormente Taxista), exigió esta mañana frente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, trabajar de la mano con su administración para encontrar las condiciones que permitan rescatar de la crisis en que se encuentran a los concesionarios del transporte público concesionado de la capital, mediante piso parejo con aplicaciones, revisión de la tarifa en los servicios individual y colectivo y un programa de regularización de las concesiones para quienes no pudieron ponerse al corriente por la pandemia.

En una rueda de prensa frente a las oficinas de Gobierno de la Ciudad de México, dijeron a su titular que “el Movimiento Nacional Transportista, y el gremio en general, le ofrecemos y proponemos unir fuerzas, estrategias, medidas de contención y todo lo que sea necesario y posible, para que juntos hagamos historia y sentemos precedentes en la CDMX”.

Ignacio Rodríguez Mejía, nuevo presidente nacional del MNT destacó que acudieron a “solicitar a la Jefa de Gobierno un acercamiento real, comprometido, con ánimo de escuchar las causas reales de la precaria situación por la que pasamos, hacer un diagnóstico de nuestras propuestas con el objetivo de resolver las necesidades inmediatas y fijar un plan estratégico para el futuro”.

El dirigente explicó que “el desfase de la actualización de la tarifa tiene un rezago económico de 15 años”, además de falta de incremento en el taxi desde hace nueve años y en el colectivo (microbuses, autobuses de ruta y corredores y Metrobús) desde hace cinco.

La carencia de una tarifa acorde con la realidad económica del país (mantenimiento, insumos, incrementos en los combustibles) más el parón económico sufrido por la pandemia han propiciado que alrededor de 7 mil colectivos (de los 18 mil que eran hasta 2019) hayan dejado de prestar servicio, mientras que los mismos problemas, más la competencia ilegal de las aplicaciones, han quebrado a más de 80 mil taxistas y hoy sólo circulan 60 mil de 140 mil que eran.

Acompañado por la dirigencia del Movimiento Nacional Transportista en la Ciudad de México, Rodríguez Mejía observó que en momentos de grave crisis económica a nivel local, nacional y mundial, “hemos visto cómo sin una regulación suficiente, las empresas extranjeras continúan aprovechando los vacíos legales para generar ingresos que se llevan a sus países de origen o paraísos fiscales, sin dejar en nuestro país los impuestos correspondientes a su operación, ya que se escudan en los prestadores que coloquialmente llaman socios”.

Por esto, pidieron un piso parejo que consiste en que los vehículos de las aplicaciones sólo puedan trabajar con una concesión y sean sujetos de verificaciones administrativas por el INVEA como les ocurre a ellos en la modalidad del taxi.

El segundo tema que solicitaron a la Jefa de Gobierno, es la revisión a fondo de los costos de operación porque ya es necesaria una nueva tarifa para las dos modalidades del transporte, para lo que se encuentran realizando un estudio que darán a conocer posteriormente, con la finalidad de cumplir con los plazos que marca la ley para presentar una propuesta de incremento, que se cierra en el mes de abril.

El tercer punto consiste en solicitar un programa integral de regularización, que permita al gremio del transporte público en la capital, rescatar sus concesiones mediante un paquete económico de condonaciones y simplificación jurídica y administrativa porque “muchas concesiones están paradas desde el inicio de la pandemia”. 

Rodríguez Mejía expresó que el sector en general está en peligro latente de colapsarse irremediablemente por falta de recursos para darle mantenimiento a las unidades, comprar servicios de aseguranza, y “poder llevar el sustento básico a nuestras familias”.

Y agregó que “estamos en una situación de precariedad que nos impide, también, contar con las condiciones económicas para renovar nuestras unidades, muchas de las cuales ya cumplieron su ciclo de vida útil de acuerdo con la reglamentación en la Ciudad de México”. 

Por lo que aseguró, “también necesitamos de apoyos de las autoridades de nuestra capital, que podrían consistir en obtener negociaciones con las empresas automotrices para conseguir precios preferenciales, financiamientos en condiciones flexibles y a tasas accesibles, garantías o contragarantías, para que de esa manera sea más viable la sustitución de unidades viejas por parque vehicular moderno, más eficiente cómodo y ecológico”.